Escudero ha afirmado, sobre si Davalor Salud era entonces un cadáver empresarial, que "sí" lo era. Escudero ha comparecido en la comisión de investigación del Parlamento foral sobre las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Sodena y ha informado de su relación con Davalor Salud y su promotor, Juan José Marcos. Ha explicado que fue confundador de Davalor Salud y en junio de 2012 se quitó de la primera línea y Davalor Software pasa del 30 por ciento del accionariado de Davalor Salud al 5 por ciento y de ser socio fundador pasa a ser "mero proveedor". Escudero ha explicado que en 2015 desde Davalor Salud "se nos pagó con pagarés" si bien ha hablado de "trampa" porque se "nos cambiaron las fechas para echar el balón meses más adelante". "Los pagarés se echaron para atrás el 1 de julio y el 31 de julio en el banco porque no había fondos en Davalor", ha indicado, para calificar la situación de "dantesca".

Ha entregado dichos pagarés a la comisión de investigación tras enseñarlos a los parlamentarios este lunes y ha indicado que "la necesidad hizo tomar la decisión del concurso". "Preparamos el siguiente pagaré que no se pagó y el 3 de septiembre presentamos el concurso", ha comentado. Fue entonces cuando Davalor Salud pagó a este proveedor las deudas en los días siguientes hasta concluir con el último el 18 de septiembre, "no sé de dónde procede el dinero, el director financiero me dice que de una devolución del IVA de Hacienda". "Se saldaron las deudas de las facturas, es verdad, pero no los daños colaterales en los que cayó From Design por financiaciones, intereses bancarios, sanciones, recargos... de unos 130.000 euros y tampoco el daño moral a la plantilla", ha comentado.

UPN, A LA FISCALÍA

Sede de la empresa Davalor en el polígono de Tajonar

Por su parte, UPN ha solicitado que se levante testimonio para su traslado a la Fiscalía de lo declarado por el promotor de Davalor Salud, Juan José Marcos, en la sesión de la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra celebrada el pasado martes 15 de enero. La solicitud de UPN se produce "a la vista de la abierta contradicción con las afirmaciones reveladas este martes y la documentación aportada por un socio cofundador de la empresa, por si Marcos hubiera incurrido en un posible delito penal".

En concreto, los regionalistas se refieren al delito tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal según el cual, "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".