El documento plantea una redistribución de las competencias entre las distintas administraciones públicas, así como una reforma global de la financiación local, tanto en lo que se refiere a los impuestos locales como a la participación en la recaudación tributaria de la Hacienda Foral. Finalmente, se plantea también una nueva planta local, cuyas principales novedades son el mantenimiento de los concejos, la desaparición de la figura de Mancomunidades y la creación de otra nueva, de mayor tamaño, denominada Comarca.