Explica la Fiscalía que el núcleo de actividades indiciariamente delictivas en la planta de biometanización de Ulzama se concreta en la existencia de "un sistema de facturación cruzada" entre tres agentes: la empresa adjudicataria del proyecto, la empresa finalmente cesionaria y el Ayuntamiento de Ultzama. El proposito era que el Consistorio pudiera solicitar subvenciones del Gobierno de Navarra y justificar pagos por la construcción y puesta en marcha de la planta, sin que tuviera que hacer frente con sus recursos propios a ninguno de esos gastos.