Las razones del recurso para el Gobierno están tanto en la falta de investigación de todos los expedientes identificados por la Guardia Civil en sus atestados, como en el hecho de que en el auto de la propia juez instructora de 6 de marzo de 2017 se declaró que "con relación a los responsables tanto de la administración como de los servicios técnicos de UAGN-FUNDAGRO y AMUR sí se aprecian indicios de que pudieran haber falseado condiciones para obtener las oportunas subvenciones del Gobierno de Navarra en un montante que alcanzaría los 2.880.981,54 euros entre los años 2009 y 2015.