«Todavía no ha empezado y ya forma parte de la Historia». Eso dicen en el Supremo (TS) del juicio que marcará uno de los capítulos más importantes del tribunal, el que comenzará en unas semanas y que sentará en el banquillo a más de la mitad del anterior Govern por el proceso independentista de Cataluña. Un caso que no ha estado exento de sorpresas. Hace apenas una semana, el TS decidió dividirlo en dos y enviar al Tribunal Superior de Justicia de la región la parte que afecta a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusados solo por desobediencia. En total, van a rendir cuentas 29 personas.

Denominada jurídicamente como la causa especial 20907/2017, nadie cuestiona el carácter extraordinario de este procedimiento que si bien ha transcurrido por los cauces normales y ordinarios en su tramitación, está rodeado de una envoltura política y social tanto en Cataluña como en el resto de España a todas luces incuestionable.

Primero, por el fondo de los hechos a enjuiciar. La aprobación de las denominadas leyes de desconexión del Estado, el acoso del 20 de septiembre de 2017 a la Conselleria de Economía, la celebración del referéndum ilegal el 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, suspendida por el Constitucional (TC).

Pero también por las formas. Un proceso que arrancó en la Audiencia Nacional hace poco más de un año, que pronto asumió el Supremo, que tiene en el punto de mira el Tribunal Constitucional y que mira de reojo a Estrasburgo.