El teléfono móvil se ha convertido en un elemento más dentro de las mochilas de los estudiantes que esta misma semana volvieron al colegio en muchas comunidades autónomas. Por ello, la ministra de Educación, Isabel Celaá, adelantó ayer, entre otros aspectos, que el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir el uso de estos dispositivos en los centros.

La vuelta al cole en Francia conlleva la prohibición del uso de móviles hasta los 15 años en los centros. ¿Se plantea el Gobierno una iniciativa similar?

Es una cuestión interesante y a estudiar porque tenemos demasiados adolescentes adictos a la tecnología. Hay que reflexionar sobre si el tiempo escolar debe estar libre de esa adicción.

Hemos encontrado opiniones fuertemente encontradas. Lo vamos a estudiar con expertos. En algunos casos el móvil ayuda -no suelen llevarlo a los exámenes, solo faltaba-, pero sí prohibirlo en los centros sirve para disminuir la adicción digital, merece la pena valorarlo.

¿Cree que es necesario homogeneizar el calendario escolar por comunidades?

Es irrelevante homogeneizar el inicio del curso en todas las comunidades. Creo en el café con distintos tipos de azúcar y, además, servido de manera diferente. Las comunidades se organizan y mantienen sus singularidades y hacen el inicio del curso cuando lo tienen pactado.

Ha comentado en el Congreso su intención de rebajar el contenido de los currículos. ¿Por qué?

El desafío de la educación en 2018 no es aumentar aquellos contenidos cuyo aprendizaje es memorístico, para ello ya tenemos Google y las redes. Queremos incorporar elementos que requieran al alumnado un proceso de aprendizaje para hacer significado, una escuela más flexible, moderna, donde el estudiante aprenda aprendiendo, a tener destrezas y desarrollarse en el mundo en el que le va a tocar vivir, distinto de aquel en el que está aprendiendo.

Hacer clases más prácticas y conectadas con la vida real, que son, en definitiva, los requerimientos que muchas veces establece Pisa.

La postura del Gobierno con la educación concertada parece preocupar. ¿Hay motivos?

Rotundamente no. El Gobierno es garante de la calidad del sistema educativo en su conjunto y sabemos que está compuesto por la red pública y por la concertada y privada. No se van a suprimir conciertos.

Eso no es óbice para afirmar que el sistema público es el que tiene la obligación de atender el derecho fundamental a ser educado.

También decimos que ha habido administraciones que han abusado de los términos de la Lomce para usos que no han sido muy adecuados para la educación ni respetuosos con las condiciones de equidad.

El artículo 109 de la Lomce sustituyó por demanda social lo que la LOE decía sobre la obligación que tienen las administraciones de garantizar la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población.

Y los que tendrían que acudir en primer lugar sería el poder público. No se puede dejar al albur de alguien que llega y pone una academia.

¿Ha abierto ya un diálogo con los centros concertados que segregan por sexo como dijo que haría?

He hablado con algunas personas informalmente, pero este tema está inconcluso. La segregación por sexo es una modalidad de segregación desde nuestro punto de vista, no desde la perspectiva del Constitucional, que considera que entra dentro de la capacidad de un centro para marcar su ideario .

¿Va a reactivar los trabajos para un Pacto de Estado por la Educación?

La idea es utilizar algunos de los trabajos realizados, pero es que son muy dispersos.

En la Subcomisión del Congreso hubo un montón de comparecencias a las que hay que buscar el común denominador. Hay un grupo buceando en ellas. Además, que las fuerzas políticas estén de acuerdo será difícil por cómo están dispuestas en este momento en el Parlamento.

Ha presentado un anteproyecto para revertir recortes educativos, ¿harán otras cambios en la Lomce?

Estamos abordando una modificación de la Lomce que pretendemos que entre en el Consejo de Ministros antes de Navidad para llevarla al Congreso. Ha de abordar los puntos que han sido estimados como más vulneradores del derecho de la igualdad. Entre ellos, el tratamiento que se hace de la Secundaria, una etapa crucial de la educación. Proponemos un camino diversificado de la persona, con pasarelas de ida y vuelta.

El impulso estratégico que queremos dar a la FP va a ayudar a esto. No queremos lugares en los que depositemos a los alumnos sin que  tengan posibilidades de salida.

¿El MIR educativo está en la agenda del Ministerio?

Nos sigue gustando pero vamos poco a poco. Supone una revisión profunda de todo lo que afecta a la profesión. 

¿Qué planes tiene para combatir el acoso escolar?

Activaremos el Observatorio de la convivencia para estudiar detenidamente el fenómeno; es un tema crucial y dramático que puede fastidiar la vida a muchachos de corta edad.