Las hipotecas que se firmen a partir de marzo, cuando previsiblemente entrará en vigor la nueva Ley Hipotecaria, incorporarán más información y más clara, mayores garantías para los hipotecados y menores costes, ya que algún impuesto y otros gastos ahora los deberán asumir los bancos.

Tras casi tres años de tramitación -con dos Gobiernos de distinta ideología- el Congreso dio luz verde la semana pasada a la ley de la reforma, que ahora deberá pasar por el Senado, y que busca equilibrar las posiciones entre los clientes y los bancos después de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la legislación española.

La normativa carga a los bancos con todos los gastos de constitución del préstamo -gestoría, impuesto de Actos Jurídicos Documentados, notaría y registro- y solo atribuye al hipotecado el coste de la tasación.

El sector y los analistas financieros se muestran convencidos de que estos precios imputados a las sucursales se acabarán trasladando en última instancia a la tarifa de las hipotecas.

Habrá que ver con el tiempo el resultado del juego de estos factores pero los datos de la Asociación Hipotecaria de España de noviembre, tras la modificación normativa que adjudicó a los bancos el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, revelan un aumento del interés medio de los créditos al 2,009% (desde el 1,932% del mes de octubre), en niveles de hace dos años.

Una de las claves centrales de la reforma pasa por el aumento de la protección para los clientes: el cliente tendrá el contrato al menos 10 días antes de la firma para que pueda resolver su incertidumbre con la entidad.

Una segunda garantía es el papel más activo de los notarios, que deberán recibir al comprador antes de la firma para explicarle las dudas que pudiera tener y estarán obligados a ratificar que el hipotecado conoce bien el producto.

Además, la entidad tendrá que analizar en profundidad la situación financiera del cliente. Para ello, se encargará de consultar su historial en esta materia en el Banco de España.

Y todo ello, con menores costes iniciales para quienes firmen un préstamo garantizado por su vivienda, ya que las personas pagarán únicamente la tasación, en tanto que la entidad financiera deberá cargar con los costes de gestoría, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, notaría y registro.

Desde el comparador de productos financieros iAhorro, calculan que el coste que deberá asumir el banco se situará en una horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros, en función de la comunidad autónoma en la que se ubique el inmueble.

Mientras, el coste de tasación para el comprador del domicilio, que además podrá elegir al tasador, se sitúa entre 300 y 600 euros.

La ley también delimita los términos en los que los bancos podrán cobrar la comisión de apertura, algo que podrán cargar una sola vez y que deberá incluir todos los gastos de estudio, tramitación y concesión del préstamo.