La protección de los niños y las niñas está por encima de su condición de migrante irregular, de víctima de violencia machista o de su orientación sexual. Es irrenunciable y debe situarse en el centro de la agenda política y tratarse como una cuestión de Estado.

Así lo advierten algunas de las organizaciones que trabajan con la infancia, como Save the Children, Unicef o la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), ante las propuestas de Vox que afectan a los menores LGTBI, a los que son víctimas de malos tratos y a los que llegan a España en situación ilegal.

Los representantes de estas instituciones remarcan la necesidad de «no dar ni un paso atrás» en los avances de los últimos años, y exigen «responsabilidad» a todos los políticos para que garanticen la protección de los más pequeños «sin ningún tipo de discriminación». «Los menores no son un asunto doméstico. Son un bien social y por eso deben ser un asunto de Estado», asevera Cristina Junquera, responsable de Incidencia Política y Estudios de Unicef.

Es necesario seguir poniendo el foco sobre los niños en un país en el que «tenemos niveles de pobreza infantil y violencia hacia la infancia que no son asumibles», avisan desde Save the Children.