«En España se genera empleo pero es precario»

AURELIO MARTÍN
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La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social considera que existe un exceso de temporalidad, falsos autónomos, salarios bajos e insiste en la necesidad de derogar los aspectos más dañinos de la Reforma Laboral

A los dos meses de tomar posesión, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio Cordero (Torremocha, Cáceres, 1959), hace balance en esta entrevista de los aspectos más destacados de su departamento que engloba áreas de la trascendencia del empleo, las pensiones o las migraciones, mostrándose tajante a la hora de asegurar que «no habrá papeles para todos», pero anteponiendo razones humanitarias de personas que llegan por el Mediterráneo, «que se ha convertido en una fosa común». Piensa que el Ejecutivo puede conseguir un consenso para derogar los aspectos más lesivos de la Reforma Laboral, y cree que hay que hablar de impuestos especiales para poder pagar las pensiones. 

En su comparecencia ante los periodistas, tras el último Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo que se han realizado cosas en dos meses pero que queda mucho por hacer. ¿Cuál es su balance en el área que le han encomendado? 

Han sido dos meses muy intensos en los que destacaría la aprobación del Plan Director por un Trabajo Digno, para 2018-2020, con 55 medidas que tienen como objetivo la lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y el control de muchas situaciones de falsos autónomos (contratación fraudulenta a tiempo parcial) y de contratos temporales que deberían de ser indefinidos. Hasta finales de año habrá un plan de choque que va a hacer hincapié en estos dos últimos aspectos. Además, nos vamos a centrar en la igualdad salarial y de condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, no discriminación de personas con discapacidad o que pertenezcan al colectivo LGTBI, prevención de riesgos laborales... Se trata de un plan para propiciar en este país un empleo digno, que es la nomenclatura que utiliza la ONU o la Organización Internacional del Trabajo, un empleo con derechos, decente, seguro y con retribuciones salariales dignas. En España se genera empleo, cantidad, sí, pero es precario, hay un exceso de temporalidad, falsos autónomos, salarios y cotizaciones bajas... Por otro lado, se ha llevado a cabo alguna regulación normativa pendiente para elevar las pensiones de viudedad.

Ustedes plantearon en un principio la derogación de la Reforma Laboral, pero parece que es imposible por no contar con los suficientes apoyos parlamentarios. ¿Va a llevar a cabo algunos toques a este texto, desmontar los artículos más lesivos? 

En estos momentos, el compromiso es redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Antes de hablar con los grupos parlamentarios, trataremos de alcanzar acuerdos en torno a retocar o modificar los aspectos más lesivos de la Reforma Laboral. Por ejemplo, en la regulación debe estar de manera clara la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que empresarios y sindicatos ya han puesto encima de la mesa, para que un convenio siga en vigor hasta que no se termine de negociar el siguiente. Ya hay sentencias del Tribunal Supremo. Creo que se va a conseguir un apoyo bastante potente en el Congreso de los Diputados, que prime el convenio sectorial sobre el de empresa, así como controlar el abuso de la subcontratación o todo lo que tenga que ver con garantizar la igualdad laboral. Puede haber acuerdo en toda una serie de aspectos de la legislación laboral por lo que, aunque no podamos derogar la Reforma Laboral al 100%, podremos conseguir consensos suficientes para modificar los aspectos más lesivos.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley sobre Modificación de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social orientado a luchar contra los falsos autónomos. ¿Por qué esa diferencia tan abismal de derechos entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena?

No había un estatuto del trabajador autónomo, fue en 2007 cuando se reguló por primera vez, y que se reformó el año pasado. Es verdad que se ha ido ampliando poquito a poquito la acción protectora en materia de Seguridad Social. El colectivo es muy variopinto, son unos 3,2 millones de personas, donde están desde los socios de las grandes empresas hasta el pequeño comerciante. Estamos en un sistema de Seguridad Social que es solidario pero tiene un carácter contributivo y, quienes han cotizado más tiempo y con bases más elevadas tendrán más pensión. Hay un porcentaje de autónomos que han cotizado por debajo de sus ingresos reales y, cuando se calcula la pensión, hay una diferencia muy importante. Debemos trabajar con el tema de los autónomos, ya hay una especie de preacuerdo con las organizaciones que los agrupan, para que paguen según sus ingresos reales, ya se cuestiona el tema de que cada uno contribuya por lo que quiera se está cuestionando. Si esto se reordenase, el Régimen de Trabajadores Autónomos contribuiría más a las arcas de la Tesorería pero se estarían garantizando mejores pensiones, queda mucho camino por recorrer. 

Por ejemplo, el paro de autónomo es mucho más restrictivo, los requisitos que hay que cumplir para percibir la prestación por cese de actividad son muy complejos y difíciles de demostrar, hasta el punto que, el año pasado, se recaudaron por este concepto más de 130 millones de euros y solo se repartieron en prestaciones 15 o 20. Yeso no es justo, hay que modificarlo. Queda mucho por hacer pero vamos por buen camino porque hay buen entendimiento con las organizaciones de autónomos.

Uno de los asuntos que plantea inquietud en los ciudadanos es el de los migrantes, máxime si se siguen al pie de la letra las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, que advierte sobre la entrada de millones de africanos. ¿Qué políticas van a desarrollar en este campo? 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía tan claro que esta era una cuestión tan seria que decidió incluir la palabra migraciones en la nomenclatura del Ministerio, reforzando la estructura en relación a este asunto. El anterior Ejecutivo no lo había tomado con mucha seriedad. En 2016 se atendieron 10.500 personas a pie de playa, fundamentalmente en el sur de España, al año siguiente, la cifra subió un 132%, entraron 24.000, pero en lo que va de año estamos a punto de superar esa cifra. Lo primero que debemos hacer es trabajar con los países de origen porque estamos ante un fenómeno imparable, universal y tan viejo como la Historia de la Humanidad, como es el efecto huida de la pobreza, de los enfrentamientos bélicos o de la enfermedad. Es un proceso imparable que hay que tratar de regular y Europa tiene algo que decir, invirtiendo en cooperación al desarrollo en los países de origen. Ya respondí a Pablo Casado asegurando que nadie dice en el Gobierno de España que habrá papeles para todos, está claro que están viniendo personas y tiene que haber un control de fronteras y vamos a aplicar la ley. Lo que queremos es que vengan emigrantes regularizados, en forma de contingente, como los que llegan para trabajar en la fresa en Huelva, por ejemplo. En España, en la década anterior, de un millón de inmigrantes se pasó a más de cuatro millones y ahora tenemos a 5,2 millones de extranjeros viviendo aquí. Muchos de ellos vinieron a trabajar, se regularizó su situación, pasaron a pagar sus impuestos y cotizaciones, y si logramos llenar bastante la hucha de las pensiones fue por sus contribuciones. Queremos flujos migratorios regulados, teniendo en cuenta que somos un país con baja natalidad, va a haber momentos en que tengamos que ir a buscarlos para que vengan. Evidentemente, ahora tenemos una alta tasa de desempleo. ¿Qué ocurre? Cuando cruzan la frontera y llegan a las costas hay que prestarles atención humanitaria, aquí tenemos competencias varios ministerios. Lo tratamos como un fenómeno, no queremos que se convierta en un problema. El señor Casado o el señor Rivera quieren echar leña al fuego cuando ven un conato de incendio y provocar sentimientos de xenofobia y racismo, se apuntan a ser los Salvini -ministro del Interior ultraderechista de Italia- de España. Dentro del control, hay una normativa de derechos humanos que hay que respetar porque el Mediterráneo se está convirtiendo en una fosa común. No podemos solos. Recientemente, hemos tenido una reunión con el comisario europeo para cuestiones migratorias y le hemos dicho que España necesita ayuda económica porque acabamos de aprobar una modificación de crédito para inyectar 30 millones de euros, que hemos tenido que sacar de otras partidas, para poder ayudar a las ONG. Esto es una cuestión de Europa. 

El CIS ha hecho público un sondeo que pone de relieve el crecimiento electoral del PSOE. ¿Cree que se puede agotar la legislatura en 2020? 

Hemos venido con vocación de hacer todo lo que esté en nuestras manos para intentar mejorar las cosas. Había cuestiones pendientes de relieve, me lo he encontrado en el Ministerio. Somos conscientes de cuál es la aritmética parlamentaria, pero es nuestra obligación y responsabilidad, una vez que se ha ganado una moción de censura constructiva, no es llegar por la puerta de atrás, es utilizar el artículo 113 de la Constitución española. Es un presidente legítimo. No se trata de conseguir una Presidencia para convocar elecciones, hay que presentar un programa de Gobierno, vamos a intentar llevarlo a cabo, aunque hay quien dice que, como nos van bien las encuestas, vamos a convocarlas. Vamos a ser serios, que salga un buen sondeo alegra, anima, pero una cosa es la demoscopia, contra la que no tengo nada, y otra la democracia. Las elecciones hay que ganarlas en las urnas a través de la democracia porque ha habido por ahí algún partido que se animó mucho viendo que la demoscopia le iba bien y pensó que había ganado las elecciones, no soy partidaria de caer en la misma tentación. Vamos a seguir gobernando con todas nuestras fuerzas, ganas e ilusión, queda mucho por hacer.

Sin embargo, se ha visto con el rechazo a la senda de déficit que los apoyos son muy débiles. ¿A quién perjudica esta decisión? 

Me resultó muy decepcionante porque al Gobierno le costó mucho conseguir que la Comisión Europea rebajara el objetivo de déficit para que podamos contar con unos 6.000 millones de euros más, de los que 2.500 irían a las comunidades autónomas, que son las que gestionan la educación, la sanidad o los servicios sociales. Un 0,1% iba para la Administración general del Estado y, unos 2.500 millones, para el sistema público de pensiones. Me parece muy irresponsable que, no se sabe por qué extraño fundamento, algunos grupos han decidido abstenerse. Rectificar es de sabios. En política hay que ser pragmáticos, y uno puede querer la luna pero... No obstante, confío en que se imponga el sentido de la responsabilidad. No solo apelaría a los que se abstuvieron sino que llamaría la atención a los que votaron no. El PSOE ha demostrado sentido de la responsabilidad apoyando unos Presupuestos que no le gustaba, para evitar daños mayores, diciendo sí a unas cuentas elaboradas por el PP de acuerdo con el PNV y Ciudadanos. Nos gustaría que dijesen que sí también por sentido de la responsabilidad. 

En cuanto a las cifras del paro de julio, muchas provincias españolas afectadas por la falta de industria y la despoblación, han aumentado solo ligeramente el empleo. ¿Qué futuro les espera, hay alguna medida prevista para su desarrollo económico?

Tenemos un reto demográfico grave, de hecho, el presidente ha creado la figura de una comisionada. Hay zonas con menos densidad de población que Siberia. Hay que intentar fijar población y apostar por sectores que tienen presente y pueden tener futuro, como los relacionados con el patrimonio histórico artístico y natural, la gastronomía, etc. Unos valores tan grandes para poder fomentar el turismo rural que hay mucho margen de maniobra. Luego, todo lo que tiene que ver con atención a personas mayores y trabajos relacionados con la aplicación de la Ley de Dependencia. Hay mucho margen de maniobra; los relacionados con la agricultura y ganadería ecológicas o energías renovables, a los que tiene que ir la economía del siglo XXI. No nos hagamos trampas en el solitario. Es muy difícil atraer empresas a ciertas zonas. Además, hay que proteger el medio ambiente y que este patrimonio sea un recurso. Aparte de fijar población hay que procurar que los pueblos sean atractivos pero hay que extender servicios, conexión con Internet, que queda por hacer, buenas carreteras, acceso a la sanidad, escuelas... Es preciso hacer un sobreesfuerzo en que haya una red de servicios públicos como para que se pueda residir con calidad de vida y dignidad.

Precisamente en estas provincias hay una alta cifra de pensionistas que están muy pendientes de los vaivenes del sistema. ¿Qué les puede decir sobre su futuro?

Tengo la firme convicción de que el sistema público de pensiones ha tenido un pasado potente, varias décadas, tiene presente y futuro. Ahora, eso sí, tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos y tomar medidas. Hasta 2011 el sistema aguantó con un leve déficit, pero con lo que se cotizaba se podía pagar la totalidad de las prestaciones contributivas. Al año siguiente llega la Reforma Laboral, esto empieza a entrar en declive, salarios más bajos y cotizaciones más bajas, las pensiones van subiendo   -no porque el PP las subiera mucho, el 0,25% hasta 2018, pero quien fallece cobra pensiones más bajas que las de los que se incorporan por lo que la cantidad que invertimos en pensiones va creciendo un 3% todos los años-, no ha sido posible pagar las prestaciones solo con cotizaciones y entramos en déficit creciente, en 2012 hasta 2017. 

¿Cómo está la hucha? 

El PP tira de la hucha de los 67.000 millones hasta el año pasado, que ya no le valía con ella. Para no dejarla a cero, va pagando el mes a mes con las cotizaciones pero para las pagas extras pide un crédito de 10.000 millones y, este año, de 13.500 millones, yo lo he tenido que utilizar. La garantía es que se seguirán cobrando las mensualidades y las extras. Este año hemos tenido que seguir tirando de crédito. Así lo dejó el PP en el Presupuesto de 2018, 7.500 millones; quedan unos 6.000 millones de crédito, que tendremos que gastar en diciembre, quedan 8.000 en la hucha de la que habrá que sacar un poquito. 

Las pensiones las van a cobrar, tanto ellos como nosotros, de la generación del baby boom, y nuestros hijos y nietos, pero tenemos que ponernos manos a la obra. Más trabajo, de acuerdo, pero de más calidad, espero que el acuerdo de los sindicatos y las organizaciones empresariales tenga incidencia en los convenios e implique tirar para arriba de las cotizaciones, la subida del salario mínimo interprofesional significa que tira de la base mínima de cotización, de hecho las cotizaciones están subiendo un 5% mensual, a ver cómo terminamos el año.

¿Qué otras medidas habría que tomar para garantizar las pensiones, se prevé hacerlo a través de impuestos?

Hay que reordenar los gastos de la Seguridad Social, ahora mismo estamos abonando cosas que a lo mejor se podían pagar con impuestos, las tarifas planas y las reducciones de cuota pueden estar bien pero resta recursos a la Tesorería, pues eso se tendría que pagar vía Presupuestos Generales del Estado. La ley lo tiene previsto y lo hacen otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania, que, cuando no hay suficiente dinero para pagar las pensiones con cotizaciones se inyecta en impuestos, podemos discutir si impuestos especiales, como la tasa Google, el impuesto a la banca o el de las transacciones financieras, podemos hablar de impuestos especiales finalistas o de reordenar toda la fiscalidad del país e inyectarlos en la Tesorería para poder pagar las pensiones, no es nada novedoso, lo dice la ley. 

Yo espero que, tanto en la Mesa de Diálogo Social como en el Pacto de Toledo, se llegue a un acuerdo para garantizar la sostenibilidad financiera y social del sistema público, lo tenemos que hacer como país, porque es uno de los pilares del Estado de bienestar y queremos que sea sólido y, donde ahora hay incertidumbre y desesperanza generemos certidumbre, esperanza y confianza en el presente y en el futuro.