El Ejecutivo foral, a través de la Agencia Navarra de Autonomía y el Desarrollo de las Personas, ha formalizado recientemente un contrato de servicios técnicos con la Universidad Pública de Navarra con la meta de investigar la evolución de las medidas judiciales impuestas a menores que han cometido delitos incluidos en el Código Penal desde el año 2000.

El contrato ha sido firmado por la directora gerente de la ANADP, Inés Francés, con la responsable de la investigación, la profesora e investigadora Sandra Siria, perteneciente al Departamento de Sociología y Trabajo Social de la universidad.

Así, esta colaboración persigue el objetivo de describir y analizar la evolución del sistema de justicia juvenil a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Los responsables de la investigación, Sandra Siria y Hodei Sarasa, junto a la directora gerente de la ANADP, Inés Francés, y la subdirectora de Familia y Menores, Amalia Cuartero - Foto: GOBIERNO DE NAVARRA

En este sentido, la investigación seguirá tres vías principales: la identificación de documentación y normativa administrativa autonómica, la recogida de datos cuantitativos y la realización de entrevistas en profundidad y 'focus groups' con informantes clave con vinculación al sistema de justicia juvenil en Navarra desde el 2000 hasta la actualidad.

Con la firma de este contrato, se pretende impulsar el análisis de la evolución de aquellas medidas impuestas por el Juzgado de Menores en Navarra en las que la Comunidad foral asume la responsabilidad de su ejecución, tanto las de internamiento como las de régimen abierto (libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas, entre otras).

JUSTICIA EN EL ÁMBITO JUVENIL EN NAVARRA

El contrato se enmarca dentro del II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Navarra 2017-2023, que propone como un área de actuación específica la justicia juvenil.

Así, a la finalización de la investigación, se elaborará un informe de resultados que, según recoge el propio contrato, supondrá "un punto de partida necesario para revisar y reflexionar en torno al modelo de justicia juvenil en Navarra".

El proyecto se desarrollará durante 2024 y 2025, y contará con datos provenientes de diversas fuentes, como memorias anuales de entidades que gestionan o han gestionado recursos de justicia juvenil, datos registrados en el Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales del Gobierno de Navarra o las bases de datos del Negociado de Ejecución de Medidas Judiciales del Ejecutivo foral.

Según datos de la subdirección de Familia y Menores del Gobierno de Navarra, el pasado año en la Comunidad se ejecutaron un total de 218 medidas judiciales a menores, de las cuales 204 pertenecieron al régimen abierto y 14 a internamiento.

Respecto a las medidas impuestas a jóvenes en medio abierto, la mayoría de ellas (77) correspondieron a prestaciones en beneficio de la comunidad, seguidas por la libertad vigilada (62) y por la realización de tareas socioeducativas (59).

De los casos de internamiento, por su parte, once se impusieron en régimen semiabierto, dos en régimen cerrado y una en régimen de fin de semana.