El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentó hace un mes a bombo y platillo su propuesta de financiación singular para Cataluña. Un plan que, proclamó, busca emular los modelos vasco o navarro y conseguir una «soberanía fiscal plena», de tal manera que el Govern se haga cargo de la recaudación y la gestión de todos los impuestos que se pagan en la comunidad, junto a un cupo para «el reequilibrio territorial» y una partida para gastos de la administración de Justicia y de Defensa.

Fue el pasado 20 de marzo, tras anunciar el adelanto de las elecciones al 12 de mayo, y su iniciativa fue ya recibida entonces con rechazo por parte del Gobierno central y el resto de fuerzas independentistas, además de con críticas desde otras autonomías, que denunciaron su «insolidaridad».

Ahora, con los partidos catalanes sumidos en la carrera hacia las urnas, estas medidas fiscales prenden aún más la mecha en el separatismo, convertidas en una suerte de arma arrojadiza para desprestigiar al adversario político. Así, Aragonès defiende su propuesta como perfectamente viable, pese a que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez la descartó desde el minuto uno. 

El republicano cree que, igual que el inquilino de Moncloa rechazó en origen cambiar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación; o impulsar la Ley de Amnistía a los implicados en el procés, también transigirá con esto y con sus demandas de un referéndum de autodeterminación pactado.

Por contra, desde Junts califican el plan de «anticuado», poniendo el foco en la «desinversión» del Estado en Cataluña. Los de Carles Puigdemont aseguran que la única receta no puede ser incrementar la presión fiscal pues, como defienden, eso no eleva la competitividad de la región. «En los últimos 10 años, hay más déficit y más desinversión que nunca. Solo hay que comparar con Madrid. Y no puede ser que la solución sea subir la presión fiscal. No aprobaremos los Presupuestos del Estado si no se compensan el déficit y las inversiones en Cataluña», sostienen los exconvergentes, pareciendo obviar que ellos mismos integraron un Gobierno de coalición con ERC desde las elecciones de febrero de 2021 hasta octubre de 2022.

Por su parte, en Comuns Sumar apuestan por un nuevo sistema de financiación que sea justo, ordinario y solidario, reclamando hacer una propuesta «de país», acordada entre todas las fuerzas catalanas.

Ya estaba 'pactado'

En la defensa de su plan a la carta para la comunidad que gobierna, Aragonès afirma que muchos de sus puntos ya estaban recogidos en los Presupuestos que pactaron con el PSC y que no salieron adelante en el Parlament, desembocando precisamente en el adelanto de los comicios al 12-M.

Por eso, no entiende la negativa de los socialistas a aceptar esta demanda, criticando los alegatos del candidato de Sánchez a presidir la Generalitat, Salvador Illa, en su apuesta por «un café aguado, descafeinado y para todo el mundo» frente a un «modelos singular» que acabe «con una situación injusta».

«Por qué les parece bien mantenerla? ¿Por qué no podemos administrar nuestros recursos?, se pregunta el dirigente de ERC, poniendo en valor el «peaje» del déficit fiscal -que la Generalitat cifra en 22.000 millones- y achacando a Illa no estudiar su propuesta por no «molestar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o a su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje.

Frente a estas manifestaciones, en el PSC evitan entrar en las alusiones de los independentistas de la dependencia de Sánchez a su apoyo en el Congreso, apostando en su discurso de campaña por la creación de un consorcio tributario en base al Estatut de 2006. Algo que no les impide, por otra parte, que «Cataluña no puede ser el tercer territorio que más aporta a las arcas del Estado y el número 14 en recibir recursos».

Mientras, el PP se muestra favorable a reformar la financiación aunque, asevera, «no será posible hasta que no se pase página definitivamente al procés». «Desde 2012 ha sido una quimera que un presidente del Ejecutivo de España pueda llegar a un acuerdo», inciden, explicando que «en el momento en el que termine la deriva separatista podremos sentarnos todos, también con el resto de comunidades, que están en una situación similar a la de Cataluña y que salen perjudicadas con el reparto, para mejorar el sistema de financiación», proclaman desde Génova, pidiendo a su vez hacerlo desde «el realismo».