Policías denuncian indefensión por la retirada de armas

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Policías denuncian indefensión por la retirada de armas

La sección sindical de CCOO en Policía Foral ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la situación de "indefensión e inseguridad jurídica" que genera el proceso de retirada de armas.

Así lo indica en un comunicado en el que cuestiona la nueva directriz relativa a la intervención y el depósito de las armas reglamentarias y personales a los miembros del cuerpo que estén en situación de incapacidad laboral transitoria, con independencia de la causa de la incapacidad.
El procedimiento seguido para la intervención de las armas se realiza, según señala, de manera "sumarísima" y conculcando, en opinión de este sindicato, los derechos de los funcionarios policiales.
Para esta sección sindical, el procedimiento aprobado el 30 de julio de 2018, y el que se venía desarrollando hasta entonces, adolecen de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo común, puesto que "no se produce notificación alguna del inicio del correspondiente expediente administrativo a las personas interesadas", lo que aboca a una situación de "indefensión".
El sindicado además ha analizado la competencia de los médicos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra para dictaminar sobre la oportunidad de retirar la autorización para amparar armas privadas en el carnet profesional, y más ampliamente, sobre la tenencia de armas.
En este sentido, indica que la convocatoria y el examen a los que se han sometido las personas afectadas "se han limitado a la inspección de la situación de incapacidad temporal, y en ningún caso ha consistido en un reconocimiento médico específico sobre tenencia y uso de armas de fuego".
La motivación que se aporta para la retirada es, según CCOO, "de todo punto insuficiente, limitándose el dictamen médico a afirmar que en aras al principio de precaución se recomienda la retirada del arma, pero no se le facilita al paciente un informe más detallado o exhaustivo".
El sindicato sostiene que el personal facultativo carece de la formación y los medios adecuados para la realización de esa valoración y ante situaciones similares de otros trabajadores de la Administración que usan armas de fuego no se pronuncian sobre esos extremos.
Además este sindicato pone en duda que el personal de Policía Foral encargado de la intervención y depósito, tanto del arma dotacional como de las privadas, "tenga potestades para hacerlo en el caso de estas últimas, puesto que la intervención de armas es una función de carácter exclusivo del Estado, ejercida por la Guardia Civil".
Esto supone una nueva situación inseguridad jurídica ya que los agentes se ven obligados a efectuar el depósito sin conocer las condiciones en que se custodian, ni la información que se le facilita a la Intervención de Armas de la Guardia Civil, apunta CCOO, que añade que además se está privando a sus titulares del uso y disfrute de unas armas privadas, que bien podrían ser cedidas a terceras personas para su uso.
Todo ello, concluye, les aboca a "una situación de indefensión e inseguridad jurídica, tanto en lo procedimental como en lo competencial, que resulta inadmisible".