Ejecutivo contra Judicial: duelo de poderes

EFE
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Las críticas encendidas de Iglesias a los magistrados a raíz del procés han reabierto viejas heridas entre los diferentes Gabinetes centrales y los órganos de gobierno de los jueces

Ejecutivo contra Judicial: duelo de poderes

Arranca la XIV Legislatura y son muchos los que miran al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acumula tres años de retraso en su renovación. Hace poco lo recordó el vicepresidente Pablo Iglesias, que criticó con dureza a los togados españoles tras los fallos de Bruselas favorables a los líderes del procés. No será las última polémica. Ni la primera, ya que los poderes Ejecutivo y Judicial han pasado por épocas malas. La historia se remonta a González y Aznar, e incluye a ministros como José Luis Corcuera, Mariano Fernández Bermejo o Juan Fernando López Aguilar hasta llegar al penúltimo tirón de orejas, a Rafael Catalá por sus críticas a uno de los jueces del caso de La Manada.
Con independencia de los enfrentamientos entre los gobiernos y los fiscales, las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la cúpula del Poder Judicial se han manifestado de distintas maneras y con distintos niveles de intensidad, tal vez nunca tan elevados como en las etapas de Corcuera y Fernández Bermejo.
Porque a Corcuera, ministro del Interior con González, no le gustaron las críticas de los togados a la ley de seguridad ciudadana que se popularizó con su apellido, y señaló el «poco respeto» que le merecían algunos, que resonaron en todos los despachos de la judicatura. El por entonces presidente del Poder Judicial, Pascual Sala, advirtió del "error muy grave" de presentar a jueces "como obstáculos para la paz civil y la represión de la delincuencia".
Una respuesta que aludía al jefe del Ejecutivo, dado que respaldó a Corcuera.
Poco después, en 1993, el dirigente socialista desató una nueva tormenta cuando criticó con dureza el permiso penitenciario concedido a Antonio Anglés antes de que cometiera el triple crimen de Alcasser: "Los experimentos se hacen en casa y con gaseosa". «Hay un problema de respeto a la función judicial", respondió Sala.
La polémica salpicó al entonces responsable de Justicia, Tomás Quadra-Salcedo, y prueba de la temperatura alcanzada es que Javier Gómez de Liaño, entonces adjunto a la Presidencia del CGPJ, los acusó de "inmoralidad". Fue la última polémica de aquel ministro, porque ese mismo año dimitió cuando el Constitucional tumbó parte de su ley.
Menos llamativos pero con mucha carga de profundidad fueron los desencuentros entre el CGPJ y el primer Ejecutivo de Zapatero y que afectaron a leyes como la de violencia doméstica o el matrimonio homosexual. El listón de Corcuera lo rozó Mariano Fernández Bermejo, fiscal fichado en 2007 como ministro de Justicia, quien tomó posesión con una declaración de intenciones. Reclamó con urgencia la renovación del CGPJ para que "recupere la legitimidad de la que hoy carece".
La respuesta del órgano de gobierno del Poder Judicial, que como ocurre ahora había cumplido su mandato sin que se hubiera renovado, fue criticar esa "desafortunada" frase, pedir prudencia y defender su legitimidad. Lo hizo su portavoz, Enrique López, actual responsable de Justicia del PP.
Cuando finalmente fue cambiado el Consejo, Fernández Bermejo volvió a la carga por la decisión disciplinaria contra el juez Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. La sanción de 1.500 euros al juez motivó las críticas del ministro, que incluso planteó la posibilidad de reformar el régimen disciplinario de los togados para evitar casos similares.
Por otras razones -sus planes para modernizar la Justicia-, Bermejo sufrió la primera huelga de magistrados, algo a lo que más tarde les ocurrió a Alberto Ruiz-Gallardón, Rafael Catalá y Dolores Delgado.
Con su sucesor, Francisco Caamaño, se rebajó el nivel de tensión, pero aun así, el CGPJ se revolvió contra las declaraciones de diferentes responsables del Ejecutivo, incluido su presidente, destacando los méritos de Baltasar Garzón en la lucha contra ETA. Dado que este estaba siendo investigado por el Supremo, esas palabras se interpretaron como una injerencia, y el Poder Judicial reclamó en una declaración institucional el "máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales".
sin amparo. Cambió el Ejecutivo y volvieron los encontronazos. Y todo a cuenta de la excarcelación de los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola y las críticas que vertieron contra esa decisión la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, y el titular de Justicia en aquel momento, Rafael Catalá. La Comisión Permanente del Consejo salió de nuevo al paso de la «independencia, imparcialidad y responsabilidad» de los jueces, aunque el CGPJ no concedió amparo a los magistrados de la Audiencia Nacional que lo solicitaron pese a considerar "un exceso no justificado" las críticas.
El político conservador recibió otro toque de atención años después, cuando cuestionó al magistrado que emitió un voto particular en la sentencia de La Manada y planteó que tenía «algún problema singular» y que el Consejo debió actuar preventivamente contra él. El órgano de gobierno de los que imparten Justicia salió al paso con un comunicado en el que pidió "moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial y que trabajan para lograr una Justicia de calidad".
Ahora falta por saber cuándo será el próximo rifirrafe, aunque posiblemente provenga de los morados, ya que Iglesias habló de "humillación" de Europa a los jueces españoles, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirmó días después que la Fiscalía está al servicio del Gobierno. Esto ya lo aseguró, fruto de un lapsus de campaña, el mismísimo Pedro Sánchez.