Comptos avala la gestión de la Renta Garantizada

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La Cámara de Comptos ha elaborado un informe de fiscalización sobre la renta garantizada en el que "avala la gestión" de esta prestación y considera "razonable" el sistema de control establecido.

En dicho informe, solicitado por el Parlamento de Navarra a instancias del PSN, la Cámara de Comptos destaca "la importancia de la renta garantizada como prestación básica de ayuda a los más necesitados".

El estudio del órgano fiscalizador explica que en 2016 el Legislativo aprobó la ley que regula los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada. Esta última es una prestación básica, económica y periódica destinada a las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

La ayuda va dirigida fundamentalmente a familias, que reciben entre 610 y 1.220 euros al mes según la situación de cada una. La prestación tiene una duración de doce meses, renovable por el mismo periodo.

Comptos avala la gestión de la Renta GarantizadaComptos avala la gestión de la Renta Garantizada

Los perceptores están obligados a residir en Navarra, ser demandantes de empleo, aceptar las ofertas de empleo que reciban y participar en actividades de inserción socio laboral de los servicios sociales de base y de empleo.

104 MILLONES DE GASTO

La Cámara de Comptos ha analizado la evolución en las ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia durante los últimos años. En este sentido, se constata un "importante incremento" del gasto, que ha pasado de 31 millones en 2010 a 104 millones el año pasado.

Comptos avala la gestión de la Renta GarantizadaComptos avala la gestión de la Renta Garantizada - Foto: Maps

La gestión de esta materia corresponde a la Sección de Garantía de Ingresos y Prestaciones Económicas del Departamento de Derechos Sociales. En el proceso participan, además, los servicios sociales de base, la Secretaría General Técnica y la Sección de Inspección del departamento.

PROCEDIMIENTO Y CONTROL

El procedimiento se inicia a solicitud de la persona interesada mediante la presentación de un formulario. Para valorar las solicitudes, el Departamento de Derechos Sociales envía un listado a la Hacienda Tributaria con el fin de tener la información fiscal de los solicitantes. También existe coordinación con el Servicio Navarro de Empleo. Por un lado, para verificar que los perceptores son demandantes de empleo; por otro, para asegurar que reciben ofertas de empleo.

En cuanto al control de convivencia y empadronamiento, la investigación corresponde a la Policía Foral.

Según explica Comptos, existe un procedimiento abreviado y preferente para la solicitud y resolución de renta garantizada: los casos de violencia de género. En 2017 se solicitaron dos y el año pasado 33.

En 2017 y 2018 hubo algo más de 16.000 solicitudes de renta garantizada, con unos 37.000 beneficiarios por año. La mayor parte de estas solicitudes (10.200) proceden de Pamplona y Comarca. Le siguen el área de Tudela (5.400) y la zona de Estella (3.300).

El informe constata el aumento en el importe por miembro de unidad familiar concedido. Así, en 2014 una familia de tres miembros cobraba de media 570 euros, cifra que el año pasado subió a 792 euros. Las familias de seis o más miembros cobraban 724 euros en 2014, mientras que el año pasado era de 1.014 euros.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES

Entre los beneficiarios de la renta garantizada, el porcentaje de mujeres supera al de hombres, observándose un incremento de esa diferencia. Así, en noviembre de 2018 las mujeres suponían el 59% de los perceptores de esta ayuda social.

Respecto a la procedencia de los beneficiarios, el 42% son españoles, el 29% africanos, el 19% americanos y el 10% procede de algún otro Estado europeo.

El informe ha analizado también el porcentaje de beneficiarios que, estando en edad laboral, acceden a un empleo durante el tiempo de percepción de la renta. En 2016 había 21.000 perceptores en edad laboral, de los que 5.600 consiguieron incorporarse al mercado laboral, es decir, el 27%. Ese porcentaje subió al 31% en 2017 y el año pasado se situó en el 30%.

Como consecuencia de ello, el año pasado más de 1.200 familias dejaron de percibir la renta garantizada.

El informe incluye algunas recomendaciones para seguir mejorando la gestión de estas ayudas.