Balance de legislatura: autogobierno

Fermín Laspeñas
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Una de las primeras cosas que hizo el Gobierno fue replantear la aportación de Navarra al Estado, y puso sobre la mesa que, según sus cuentas, la comunidad pagaba entre 100 y 250 millones de euros de más.

Tras las negociaciones con el ministerio de Hacienda, en diciembre de 2017, las dos administraciones suscribían el acuerdo para un nuevo quinquenio con caducidad en 2019; y por el que la comunidad recuperaba unos 200 millones de euros.

Durante esta legislatura, el tribunal constitucional ha estudiado recursos de más de una docena de leyes navarras y en algunos casos ha decidido su suspensión. Entre ellas, la de víctimas policiales y de extrema derecha, la asistencia sanitaria universal, o la de acceso a la vivienda.

Éste fue uno de los temas que trataron en octubre de 2018 Uxue Barkos y Pedro Sánchez en La Moncloa. La presidenta arrancaba el compromiso del ejecutivo central de transferir a Navarra la competencia en exclusiva de tráfico. Un acuerdo criticado por agrupaciones de guardias civiles que consideraban que conllevaría la salida de agentes de la comunidad.

Balance de legislatura: autogobierno
Balance de legislatura: autogobierno - Foto: NATV

Precisamente los policías forales han puesto en jaque en más de un momento al Gobierno. Su oposición a la ley de 2015, y sus posteriores disposiciones llevó por ejemplo a la dimisión de una treintena de mandos. Los sindicatos se opusieron a la nueva norma propuesta por la consejera Beaumont y que supuso una derrota parlamentaria al descolgarse varios miembros del cuatripartito.

Finalmente salió otra ley de policías que contaba con el respaldo de parte de los sindicatos policiales, que nació a iniciativa de Geroa Bai y EH Bildu, y que contó con apoyo de UPN al incluir la pasarela para guardias civiles que deseen cambiarse de cuerpo, pero no del resto de socios del cuatripartito.

Otro de los motivos de enfrentamiento fue el 112 que enfrentó a la administración navarra y central al entenderse que se discriminaba a los cuerpos de seguridad estatales, una polémica reavivada tras el crimen de Cáseda.

Con la llegada del gobierno de Barkos, los ejecutivos de Pamplona y Vitoria retomaron contactos, de esta manera Navarra y Euskadi firmaron un protocolo de colaboración en dieciocho áreas a desarrollar mediante convenios bilaterales. Además, el ejecutivo foral decidió volver a integrarse en la euro región junto con Aquitania y Euskadi.