Cierre de las cuentas: Navarra gastó 4.000 millones en 2018

NATV
-

El Gobierno de Navarra en funciones ha cerrado las cuentas de 2018, unas cuentas que recalcan que están "saneadas" y que superan los 4.000 millones de gasto real, la mayor parte en inversión social.

Este proyecto de Ley abarca las cuentas de la Administración de la Comunidad Foral, de sus organismos autónomos, fundaciones y empresas públicas, además de las cuentas del Parlamento de Navarra y la Cámara de Comptos. Para el conjunto del sector público incluye también información sobre el cumplimiento de las reglas fiscales: objetivo de estabilidad presupuestaria, endeudamiento y Regla de Gasto, así como del Periodo Medio de Pago a proveedores.

En la rueda de prensa posterior a la Sesión de Gobierno, el consejero en funciones de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha destacado que “el nivel de gasto supera por primera vez tras la crisis la barrera de los 4.000 millones de euros y que la mayor parte de ese gasto se ha destinado a políticas sociales”. Según Aranburu, “en comparación con 2014 hemos destinado casi 350 millones de euros más a cuestiones como Sanidad, Educación, Políticas Sociales o Cultura. Y todo “sin comprometer la estabilidad presupuestaria porque Navarra ha cerrado sus cuentas con el cumplimiento de todos los indicadores”, ha añadido el consejero.

95,33% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Cierre de las cuentas: Navarra gastó 4.000 millones en 2018
Cierre de las cuentas: Navarra gastó 4.000 millones en 2018 - Foto:

En 2018 el Gobierno de Navarra consolidó un presupuesto de 4.384 millones de euros, un 5,29% más de lo presupuestado inicialmente. De esta cantidad, se ha ejecutado el 95,33%, es decir, 4.179 millones.

La mayor parte de este gasto lo acumula el personal (1.253,17 millones de euros, el 29,98% del total) y las transferencias corrientes (1.513 millones, el 36,22%) donde se agrupan la Aportación al Estado, las transferencias a familias e instituciones o a entidades locales.

Por políticas, la mayor parte es gasto social. En concreto, el 55,44%, 2.317 millones de euros. Tres cuartas partes de esta cantidad se destinan a Sanidad, Educación y Cultura, y el resto a actuaciones de protección social. El gasto relacionado con las actividades económicas, como las infraestructuras o las ayudas a empresas suponen el 8,66% del gasto, 361 millones de euros. 1.368 millones, el 32,9%, corresponden a las actuaciones de carácter general cuyas mayores partidas son para la Aportación al Estado (529 millones), el pago de la deuda pública (467 millones) y las transferencias a entidades locales (254 millones). Por su parte, los servicios públicos básicos han requerido un gasto de 132 millones, el 6,04% del total, para sostener áreas como la justicia o la seguridad ciudadana.

En comparación homogénea con los datos recogidos en la Ley Foral de Cuentas Generales de 2014, el gasto global de la Administración foral ha aumentado un 9,9% durante este periodo. Por políticas, el gasto social ha crecido un 17,8%. Lo destinado a actividades económicas un 13,3% y los servicios públicos básicos un 14,5%. En cambio, los recursos destinados a gastos generales se han reducido un 2,3%, fundamentalmente por la menor Aportación al Estado tras el acuerdo alcanzado en la última actualización del Convenio.

La ejecución de 4.179 millones de euros supone un gasto por habitante de 6.454,54 euros. Aun teniendo en cuenta el aumento de población desde 2014 (6.764 personas más), el gasto per cápita ha crecido durante el periodo en 518,81 euros, un 8,7%.

Por último, las Cuentas Generales muestran un remanente de Tesorería para gastos generales de 158,14 millones de euros. Esta cantidad es la resultante de añadir al saldo de caja de final de año los derechos pendientes de cobro y de restarle tanto las obligaciones pendientes de pago como otras partidas ya comprometidas. En 2014 esta cantidad fue de menos 184,08 millones de euros, por lo que hay una diferencia de 342,23 millones de euros.

Estos datos de gasto pueden ser sostenidos gracias a los ingresos registrados durante el ejercicio, que ha presentado unos derechos liquidados de 4.102,7 millones de euros. Se cumple de este modo con la perspectiva de ingreso presupuestada, llegando a una ejecución del 93,57%. En comparación con 2014, los derechos liquidados han aumentado un 6,4%.

REGLAS FISCALES

Además de analizar la ejecución de los Presupuestos Generales de 2018, el proyecto de ley foral recoge un análisis del cumplimiento de las reglas fiscales recogidas en la normativa de estabilidad presupuestaria. Estas reglas afectan al conjunto del Sector Público, es decir, además de los datos correspondientes a Gobierno de Navarra, incluyen instituciones, empresas y fundaciones públicas y la UPNA.

El conjunto de las cuentas públicas muestran un superávit en 2018 de 104,17 millones de euros, que suponen el 0,51% del PIB de la Comunidad Foral. Esta cifra implica un amplio cumplimiento del objetivo, puesto que Navarra había acordado con el Estado que para 2018 se podría haber alcanzado un déficit de hasta el -0,4%.

La deuda pública a 31 de diciembre de 2018 se situaba en 3.421 millones de euros. Son 186 millones de euros menos que la deuda del año anterior, una reducción inédita en las cuentas públicas de la Comunidad Foral desde hace 10 años. En términos de PIB la deuda queda en el 16,64% cumpliendo el objetivo acordado con el Estado de no alcanzar el 17,7%.

La tercera medida de estabilidad recogida es la regla de gasto, que impide que el gasto público aumente por encima de la tasa de crecimiento del PIB. La variación recogida por el proyecto de ley foral es del 1,8%, cifra recogida en el informe del Ministerio de Hacienda y que confirma su cumplimiento al estar por debajo del 2,4%.

En último lugar, el periodo medio de pago es un indicador que refleja cuántos días se tarda en abonar las facturas a los proveedores. Según la ley, la cifra debe estar por debajo de los 30 días, algo que, con carácter general se cumple en el sector público foral puesto que en 2018 los 937 millones de euros en facturas fueron abonados, de media, a los 28 días. El indicador oficial a 31 de diciembre, que también tiene en cuenta las facturas pendientes de pago, rebaja la cifra a 23 días.