Acusan al Gobierno de amañar una encuesta en pro del euskera

NATV
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El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha acusado al Gobierno de Navarra de "amañar" la encuesta de condiciones de vida de 2018 para "construir de manera artificiosa una supuesta opinión pública favorable a la imposición del euskera".

El regionalista ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para exponer "una sucesión de irregularidades detectadas" en el Instituto de Estadística de Navarra (NaStat) con motivo de la realización de esta encuesta con el objetivo, ha asegurado, de "modificar el porcentaje de la población navarra que usa el euskera".

Por un lado, UPN ha afirmado que "se han usado datos de ficheros de Salud para realizar una encuesta a menores sobre uso del euskera". Así, Sánchez de Munián se ha referido a la protesta de un ciudadano que "recibe una llamada en su móvil particular y se le pregunta por su hija menor de edad". Al preguntar cómo se tiene los datos de su hija, el NaStat le comunica "que se han obtenido estos datos a través de ficheros de Salud a través de la tarjeta sanitaria".

Ante esto, UPN solicitó información al Ejecutivo foral que, en su respuesta parlamentaria, "nos confirma que es cierto, que la tarjeta sanitaria no está entre los datos que proporciona a las empresas encuestadoras pero que en determinados casos, para contactar con los menores, se ha usado la tarjeta sanitaria. Algo que para el regionalista es "especialmente grave".

Por otro lado, el parlamentario de UPN ha asegurado que "se ha dirigido la adjudicación" de la encuesta hacia una "empresa más o menos cercana" al fijar un requisito de solvencia técnica por el cual el 50% del personal encuestador debe estar en posesión del título C1 de euskera.

Una exigencia "inimaginable en una Encuesta general de condiciones de vida" por la cual, ha rechazado, "prácticamente ninguna empresa navarra de encuestas" puede realizar el estudio. Además, ha destacado que con este requisito "se acerca el pliego a quien, de alguna manera, pueden orientar la adjudicación" ya que la empresa adjudicataria "queda casi en solitario y con una posición de ventaja absoluta".

En tercer lugar, Sánchez de Munián ha afirmado que la Encuesta de condiciones de vida de 2018 "se ha manipulado" para convertirla "en una encuesta prácticamente exclusivamente sobre uso de euskera" donde "prácticamente el 80% de las preguntas" son sobre el uso de este idioma.

El regionalista ha censurado la "obcecación casi patológica por imponer el euskera a toda costa por encima de los derechos de todos" al "adulterar" una encuesta que está orientada a "comparativas en materia de distribución de ingresos, la exclusión social, el impacto de las políticas sociales en los hogares...".

Finalmente, el parlamentario regionalista ha asegurado que "las preguntas del cuestionario son sesgadas y dirigidas a obtener respuestas favorables a la imposición del euskera".

En este sentido, ha puesto como ejemplo preguntas del cuestionario sobre el grado de acuerdo en el derecho al uso del euskera o la necesidad del conocimiento del euskera para entrar en la Administración en las cuales, ha indicado, cuatro de las cinco respuestas posibles "llevan a la misma conclusión".

Juan Luis Sánchez ha afirmado que estas "irregularidades" se deben al resultado de un estudio reciente sobre el uso del euskera, que contó con la colaboración del Ejecutivo foral, y que concluyó que "no más de un 7% de la población usaba el euskera".

"Un 7% es muy poco para justificar todas las medidas tendentes a imponer el euskera que está llevando a cabo el Gobierno de Uxue Barkos", ha resaltado el regionalista que ha afirmado que, por ello, "los estrategas de Barkos deciden construir de manera artificiosa una supuesta opinión pública favorable a la imposición del euskera" con el objetivo de "amañar un resultado que lo haga coincidente con sus obsesiones partidarias".

Así las cosas, el regionalista ha avanzado que este jueves preguntarán al consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, para que explique las razones por las que se ha introducido este año el requisito de que el 50% del personal encuestador tenga el C1 de euskera así como sobre "todas las cuestiones que han dirigido tanto la definición de la encuesta, la adjudicación, las preguntas y el uso de datos".

Acusan al Gobierno de amañar una encuesta en pro del euskera
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