Navarra participa en la reunión sobre las cláusulas suelo

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Navarra promoverá sistemas de resolución extrajudicial para los casos de demandas contra cláusulas abusivas, como las denominadas cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios.

Navarra participa en la reunión sobre las cláusulas suelo

Así lo ha señalado el director general de Justicia del Gobierno foral, Rafael Sainz de Rozas, tras participar en Madrid en la reunión de coordinación del plan de especialización de juzgados sobre cláusulas abusivas.

El director general de Justicia ha destacado que "resulta imprescindible que las entidades de crédito actúen con responsabilidad, y dejen de obligar a la ciudadanía a reclamar en los tribunales derechos que les corresponden, y cuyas demandas van a resolverse positivamente".

Y es que, según ha indicado Rafael Sainz de Rozas, "los porcentajes de resolución a favor de las personas demandantes son abrumadores, algo que debería hacer reflexionar a las entidades de crédito".

El Juzgado de Primera Instancia de Navarra especializado en cláusulas suelo ha atendido, desde su creación en junio de 2017 y hasta la fecha, un total de 5.277 asuntos, de los cuales se han resuelto el 58,4%. Una cifra, la de registro, que es previsible que aumente tras las posibles resoluciones del TJUE en diferentes cuestiones prejudiciales que tiene planteadas, ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Sainz de Rozas ha considerado que "el uso antisocial del derecho por el que ciertas entidades obligan a sus clientes a litigar, aun sabiendo de antemano que van a perder, está provocando una carga de trabajo innecesaria en nuestros tribunales". Como medida de solución, Navarra promoverá sistemas de resolución extrajudicial para dar cauce a esas demandas.

En este sentido, el director general de Justicia ha señalado que "planes especiales como este son un buen ejemplo de cómo la Administración de Justicia debe atender, en tiempo real, a las preocupaciones reales de la ciudadanía". "Las cláusulas suelo han sido paradigmáticas de los abusos económicos que lesionan los derechos de las personas, en este caso compradoras de vivienda; dar respuesta a esa lesión de derechos de manera rápida y eficiente es una necesidad y un mandato de la Justicia como servicio público", ha señalado.